La nueva caída del Sistema Eléctrico Nacional en Cuba, la quinta en lo que va de 2026 y la tercera en apenas una semana, volvió a colocar en primer plano el costo social de una crisis que golpea directamente a miles de familias, hospitales y alimentos, en medio de una escalada de presión de Estados Unidos sobre la isla.
El Gobierno cubano atribuyó el colapso a un contexto de “máxima asfixia” económica y energética. El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, afirmó en redes sociales que Washington “condena al pueblo” y que a sus autoridades “no les importa el sufrimiento de miles de familias”, al señalar el impacto sobre “cientos de hospitales sin fluido eléctrico” y la “pérdida de alimentos por falta de refrigeración”.
Según la versión oficial cubana, el deterioro del sistema ocurre bajo el bloqueo petrolero impuesto en enero y las sanciones secundarias contra empresas vinculadas al Ejecutivo de La Habana. Rodríguez sostuvo además que a la Administración de Donald Trump “no le ha sido suficiente el genocida cerco petrolero” y denunció que persigue y sanciona a empresas cubanas y extranjeras ligadas a un área que calificó de estratégica.
Washington intensificó en enero su presión sobre Cuba con medidas que detuvieron los envíos desde Venezuela a la isla tras el arresto de Nicolás Maduro, y amenazó con aranceles a países que le suministraran crudo. A eso se sumó la Orden Ejecutiva firmada por Trump el 1 de mayo, con la que amenaza con sanciones a cualquier persona o entidad que apoye financiera, material o tecnológicamente al Gobierno cubano o que opere en sectores clave como energía, defensa, finanzas y minería.
El episodio deja un cuadro de alerta institucional y de desgaste evidente: mientras La Habana insiste en responsabilizar a Washington, la población vuelve a quedar atrapada entre la presión externa y una crisis eléctrica que sigue sin ofrecer estabilidad. El resultado verificable, por ahora, es uno solo: más vulnerabilidad social y más exigencia de rendición de cuentas sobre cómo se administra una emergencia que ya impacta servicios esenciales.