Santiago.- Organizaciones populares y ambientales del Cibao colocaron bajo fiscalización la gestión del Gobierno al denunciar que, mientras persisten problemas básicos sin resolver en sus comunidades, desde el poder se siguen promoviendo y autorizando proyectos extractivos en distintos puntos del territorio nacional.
El señalamiento fue hecho por el Movimiento Unidos Somos Más, la Coalición Ambiental del Noroeste y la Coalición y Organizaciones Populares del Cibao, junto a dirigentes del Colectivo de Organizaciones Populares de San Francisco de Macorís, el Movimiento Feminista Hermanas Mirabal, el Movimiento Popular Los Peregrinos de Moca y el Frente de Lucha Unión y Progreso (FLUP), durante una rueda de prensa en la que advirtieron sobre la situación ambiental y social que atraviesan sus comunidades.
Las organizaciones sostienen que las comunidades siguen esperando respuestas a problemas que arrastran desde hace décadas. Entre ellos citaron la falta de agua potable, el deterioro de caminos vecinales, calles, aceras y contenes, las deficiencias del servicio eléctrico y el abandono de obras esenciales para el desarrollo de la población, un contraste que refuerza el desgaste de gestión denunciado por los grupos.
También cuestionaron el modelo de desarrollo impulsado desde el poder, al afirmar que privilegia intereses económicos particulares por encima del bienestar colectivo y permite el avance de proyectos que amenazan fuentes de agua, bosques, montañas, áreas agrícolas y la calidad de vida de miles de familias dominicanas.
Raquel Rivera advirtió que preocupa especialmente la expansión de proyectos mineros y extractivos en zonas como Santiago Rodríguez, Restauración, Dajabón y las cordilleras Septentrional y Central, donde las comunidades reclaman mayor transparencia, respeto al medio ambiente y una verdadera participación ciudadana en decisiones que afectan sus territorios. En Moca, la jornada de protesta incluyó además una vigilia contra la ley mordaza, en un cierre que amplía la alerta institucional sobre la distancia entre las decisiones del poder y las prioridades ciudadanas.