La justicia federal de Estados Unidos colocó bajo una nueva presión a la cúpula del chavismo al ordenar que Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López, Tarek William Saab y otros altos dirigentes paguen US$314 millones a tres ciudadanos estadounidenses que denunciaron haber sido secuestrados, encarcelados y torturados en Venezuela. El fallo, emitido por el juez Darrin P. Gayles en el Distrito Sur de Florida, reabre el contraste entre el discurso de poder y la gravedad de las violaciones atribuidas desde el propio expediente judicial.
La sentencia también alcanza al empresario colombiano Alex Saab, al exmagistrado Maikel José Moreno Pérez, al exministro Néstor Luis Reverol Torres y al denominado Cártel de los Soles. El tribunal dictó la decisión en rebeldía después de que los demandados no respondieran la demanda civil presentada por las víctimas, un dato que agrava la señal de opacidad y falta de respuesta institucional frente a acusaciones de secuestro, tortura y detención arbitraria.
Los beneficiarios del fallo son Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval, quienes estuvieron detenidos en Venezuela hasta diciembre de 2023, cuando fueron liberados como parte de un acuerdo negociado entre la administración del entonces presidente Joe Biden y el gobierno venezolano. Antes de fallar, el juez examinó las pruebas y concluyó que la reclamación tenía base jurídica suficiente.
En su decisión, Gayles sostuvo que Maduro cometió actos de terrorismo internacional y afirmó que el secuestro, la tortura y la detención arbitraria de los tres estadounidenses violaron la legislación federal y las leyes del estado de Florida. También dejó consignado que Maduro «históricamente ha secuestrado y detenido arbitrariamente a ciudadanos estadounidenses para canjearlos por la liberación de criminales venezolanos recluidos en Estados Unidos».
Más allá de que el fallo no impone prisión, la resolución eleva la alerta institucional sobre el costo político y humano de un esquema de poder señalado por usar la detención como herramienta de presión. El caso vuelve a colocar la vigilancia internacional y la exigencia de responsabilidades en el centro de una crisis donde la propaganda oficial choca con decisiones judiciales que describen secuestros, torturas y arbitrariedad.