La discusión sobre las tres causales volvió a poner al presidente Luis Abinader y a los legisladores del PRM ante una rendición de cuentas incómoda: para la abogada Mary Fernández Rodríguez, lo que falta para aprobarlas no es fundamento legal, sino voluntad política. Su planteamiento reubica el debate como una prueba directa de si el oficialismo cumplirá o volverá a dejar la promesa solo en el discurso.
Fernández, integrante del equipo legal de la Cámara Americana de Comercio, dijo que el mandatario y la bancada oficialista tienen una “oportunidad de oro” con la revisión del Código Penal para modificar los artículos 110 y 111 antes de su entrada en vigencia el 3 de agosto. A su entender, el país no está ante una discusión jurídica pendiente, porque ese punto ya fue debatido y las tres causales son constitucionalmente aceptadas; lo que queda, insistió, es una decisión política y el legado que Abinader dejará al cerrar su gobierno en dos años.
La jurista sostuvo que el artículo 37 de la Constitución, que establece que la vida inicia desde la concepción, no impide reconocer las tres causales. “Las causales buscan proteger la vida de la madre, en circunstancias especiales”, dijo. También recordó que el año pasado hubo 16 mil niñas embarazadas, un dato que expone el costo social de seguir aplazando decisiones mientras desde el poder se mantiene un discurso que, según planteó, no responde a la realidad del país.
Fernández advirtió además que médicos que atienden hemorragias, inicios de abortos provocados y casos de mujeres en riesgo de morir están siendo perseguidos cuando intervienen para salvarlas. Sumó que República Dominicana figura entre los únicos cinco países del mundo que no permiten las causales para la interrupción voluntaria del embarazo, una señal de rezago institucional que vuelve a colocar bajo escrutinio la capacidad del Gobierno y del PRM para traducir promesas en resultados concretos.
“Es un tema de voluntad política. Los gobernantes prefieren abanderarse por un discurso de populismo que no está en la realidad que vive el país”, afirmó. Con esa advertencia, la presión ya no recae sobre una supuesta imposibilidad legal, sino sobre la responsabilidad política de un oficialismo que todavía debe explicar si priorizará soluciones o volverá a administrar el tema desde la conveniencia del poder.