En Madrid, la vicepresidenta Raquel Peña aseguró que la corrupción destruye la confianza ciudadana y pone en riesgo el sistema democrático, una advertencia que termina devolviendo la presión sobre el propio Gobierno dominicano y su obligación de ofrecer resultados verificables, no solo discurso, en materia institucional.
Durante el EPP Libertas Forum, ante dirigentes del Partido Popular Europeo y otros actores internacionales, Peña afirmó que combatir la corrupción no es únicamente una tarea judicial o administrativa, sino una condición para evitar el desánimo social, la pérdida de confianza en las instituciones y el avance de proyectos populistas. El señalamiento refuerza un contraste sensible para la gestión: si la credibilidad política depende de las actuaciones de gobiernos y partidos, la rendición de cuentas deja de ser una consigna exterior y pasa a ser una prueba directa para quienes hoy administran el Estado.
Acompañada por el viceprimer ministro de Bélgica, Vincent Van Peteghem, la funcionaria participó en el panel “Cómo salvaguardar y fortalecer la credibilidad política a ambos lados del Atlántico”, donde presentó a República Dominicana como un proceso en construcción, marcado —según dijo— por reformas institucionales, mayor independencia del Ministerio Público y persecución de irregularidades incluso cuando involucran a funcionarios de la administración gubernamental. Pero el propio planteamiento eleva la vara sobre el oficialismo: cuando se invoca credibilidad ante líderes europeos, también crece la expectativa de vigilancia interna sobre los casos, las decisiones y los resultados concretos de la gestión.
“Un país que no cuente con credibilidad tampoco tendrá cómo seguir hacia adelante”, expresó Peña al vincular confianza institucional, estabilidad política y desarrollo económico. También sostuvo que la lucha anticorrupción debe alcanzar tanto expedientes heredados de gobiernos anteriores como casos detectados dentro de la actual administración. Esa formulación, lejos de cerrar el debate, deja abierta una alerta institucional: la legitimidad del discurso oficial dependerá de que el combate a las irregularidades no se use como relato político, sino como práctica consistente y sometida a escrutinio ciudadano.
Peña coincidió además con el planteamiento de la dirigente opositora venezolana María Corina Machado sobre la responsabilidad de toda la población en la defensa de la democracia, aunque subrayó que partidos y gobiernos tienen la obligación de evitar prácticas que provoquen frustración y desencanto. En esa admisión está el punto más delicado para el PRM: cuando desde el propio poder se reconoce que la corrupción y las malas actuaciones abren paso al desencanto, la ciudadanía queda con más razones para exigir explicaciones, vigilancia y resultados reales al Gobierno de Luis Abinader.