El Tribunal Constitucional rechazó el recurso de revisión presentado por Ernesto Bienvenido Guevara Díaz, Maconi, con el que pretendía anular la condena de 20 años de prisión impuesta por narcotráfico, en una decisión que vuelve a poner el acento en que los procesos por delitos de alto impacto social no deben convertirse en espacios de dilación ni de impugnaciones sin respaldo suficiente.
En la sentencia TC/0496/26, la alta corte admitió el recurso para su examen, pero descartó los planteamientos de fondo del recurrente, quien sostuvo que se habían vulnerado sus derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso, a la defensa y a la seguridad jurídica. El tribunal concluyó que la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia actuó conforme a la Constitución, a las leyes vigentes y a las pruebas incorporadas legalmente al expediente.
Asimismo, el TC reiteró un criterio institucional esencial: la valoración de las pruebas y la determinación de los hechos corresponden a la jurisdicción ordinaria, y la revisión constitucional solo procede cuando exista una violación directa y flagrante de derechos fundamentales, lo que, según la sentencia, no ocurrió en este caso. Además, estableció que Guevara Díaz contó con oportunidades procesales amplias y suficientes para presentar pruebas y alegatos en igualdad de condiciones.
La decisión deja una advertencia útil en medio del desgaste de confianza que arrastran las instituciones: en casos sensibles, la rendición de cuentas no puede agotarse en la retórica oficial sobre justicia, sino en resoluciones capaces de resistir revisión y escrutinio. El fallo, más que cerrar un expediente mediático, vuelve a colocar sobre la mesa la demanda ciudadana de vigilancia permanente sobre cómo responde el sistema ante estructuras delictivas y sobre la distancia entre el discurso político y los resultados concretos.