La Comisión Especial del Senado dio por concluido el estudio del proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional, una propuesta que vuelve a poner sobre la mesa la distancia entre el discurso de reforma y la necesidad de controles verificables sobre una institución marcada por cuestionamientos de gestión, supervisión y uso de recursos.
El presidente de la comisión, el senador Franklin Romero, explicó que durante el proceso se revisaron y modificaron varios artículos con el propósito de fortalecer la profesionalización y la eficiencia policial. Entre esos ajustes, el texto ratifica que el presidente de la República ejercerá el mando supremo de la Policía Nacional, ya sea de forma directa o por medio del Ministerio de Interior y Policía, un punto que no cierra el debate, sino que coloca sobre el poder civil una responsabilidad política mayor por los resultados de la reforma.
La iniciativa también amplía las atribuciones de la Dirección de Asuntos Internos, que no solo investigaría, sino que además supervisaría operaciones encubiertas, aplicaría pruebas de integridad al personal, vigilaría el manejo de información reservada y rendiría informes sobre casos de corrupción y posibles vínculos de agentes con estructuras criminales. Ese alcance refuerza la alerta institucional: si el proyecto necesita blindar esas áreas, también deja ver la dimensión de los controles que todavía faltan y la obligación de fiscalización del Congreso y la sociedad civil.
De igual forma, el texto robustece las funciones del Consejo Superior Policial al asignarle nuevas competencias sobre indicadores de gestión, proyectos de modernización, infraestructura, tecnología y presupuesto, además de la evaluación de ascensos, retiros y traslados de oficiales. A ello se suma la eliminación de asignaciones permanentes de agentes a empresas privadas, corporaciones y fundaciones, restringiendo ese servicio a instituciones públicas y estableciendo sanciones administrativas, civiles y penales para las autoridades que desvíen policías de la seguridad pública.
El cierre del estudio en el Senado, más que un punto de llegada, deja abierta una pregunta de fondo: si la reforma promete más supervisión, transparencia y disciplina, ahora deberá demostrar que no se trata de otro rediseño administrativo sin impacto tangible en la seguridad ciudadana, el uso del presupuesto y la rendición de cuentas que el país sigue esperando.