La sanción de cinco días de arresto impuesta al ministro de Trabajo de Colombia, Antonio Sanguino, abrió un nuevo frente de desgaste institucional para el Gobierno, ahora por el incumplimiento de un fallo judicial que le ordenaba informar qué hizo el ministerio ante denuncias de acoso laboral y sexual en el sistema público RTVC.
El origen del caso fue un derecho de petición radicado el 24 de marzo por la representante a la Cámara Katherine Miranda Peña. Más tarde, el 20 de mayo, un fallo de tutela amparó esa solicitud y le dio a Sanguino 48 horas para responder un cuestionario de 12 preguntas sobre la actuación oficial frente a denuncias de acoso laboral y violencia basada en género en esa entidad estatal. Como no hubo respuesta, el Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá ordenó el arresto por cinco días, impuso una multa de tres salarios mínimos mensuales y remitió la decisión a la Policía para que proceda a la captura del sancionado.
La decisión judicial pone bajo fiscalización la distancia entre la versión del poder y el resultado observable. Tras la sanción, Sanguino pidió revocarla y aseguró que el Ministerio de Trabajo «entregó la totalidad de la información pública disponible», que esa respuesta se emitió el 26 de mayo y fue comunicada al despacho judicial el 1 de julio. También sostuvo que parte de esos datos está protegida por reserva legal para resguardar información sensible, la intimidad de las personas involucradas y evitar la revictimización de las denunciantes.
Sin embargo, el dato central es que un juzgado consideró incumplido el fallo y activó una medida de arresto contra un ministro en medio de denuncias sensibles dentro de un medio estatal. Más que una disputa de trámite, el episodio deja una alerta institucional sobre cómo responde el poder cuando se le exige transparencia en casos que comprometen derechos laborales y violencia basada en género.
En abril de este año, el Ministerio de Trabajo recibió denuncias de supuesto acoso sexual y laboral en RTVC. A partir de ese antecedente, la controversia ya no se limita a la defensa del funcionario: el foco pasa a las explicaciones pendientes del Estado sobre su capacidad real para investigar, informar y rendir cuentas cuando las denuncias tocan a una entidad pública.