El Ministerio de Medio Ambiente admitió que la extracción ilegal de arena en el río Camú continúa ocurriendo pese a los operativos desplegados para contenerla, una situación que vuelve a poner bajo escrutinio la eficacia de la vigilancia estatal sobre un recurso hídrico denunciado por comunidades de La Vega.
De acuerdo con el planteamiento contenido en la pieza, la práctica persiste en varios puntos del afluente, lo que evidencia que las acciones de control no han logrado frenar por completo la actividad ilegal. El dato obliga a mirar no solo la existencia de operativos, sino también su alcance, continuidad y capacidad de disuasión.
La permanencia de esta extracción deja abiertas interrogantes sobre el seguimiento institucional, la coordinación entre autoridades y el impacto real de las medidas adoptadas para proteger el Camú. En un escenario en el que el Gobierno suele anunciar operativos como respuesta inmediata, la publicación de resultados verificables, el número de intervenciones, la identificación de responsables y el destino de las acciones correctivas resulta clave para evaluar si hay una política efectiva o solo respuesta puntual.
Las comunidades, que han seguido denunciando la extracción, mantienen el foco sobre un problema que afecta el cauce y la preservación del río. La continuidad de la actividad ilegal sugiere que la vigilancia sigue siendo insuficiente o intermitente, y que el Estado deberá demostrar con hechos, no con anuncios, que puede sostener el control sobre estas prácticas.
Hasta que no se conozcan resultados concretos, el caso del Camú sigue funcionando como una prueba de la capacidad del Ministerio de Medio Ambiente para pasar del operativo a la contención real, con transparencia sobre lo ejecutado y rendición de cuentas sobre sus efectos.