Los terremotos del 24 de junio en Venezuela no solo dejaron una devastación humana y material de escala extraordinaria; también abrieron una etapa en la que la rendición de cuentas será tan decisiva como la ayuda. Un informe preliminar de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres estima pérdidas físicas directas por 37,000 millones de dólares y al menos 3,342 fallecidos, una dimensión que coloca bajo máxima presión la capacidad de respuesta institucional.
El reporte describe el colapso de infraestructuras críticas y viviendas en un país cuyo producto interno bruto rondó los 100,000 millones de dólares el año pasado. A eso se suman más de 16,000 heridos y miles de familias damnificadas, en un escenario donde el costo social rebasa con creces cualquier discurso de control y convierte la reconstrucción en una prueba concreta de resultados, no de anuncios.
Según los informes del Gobierno venezolano, los dos sismos, de magnitudes 7.2 y 7.5, ocurrieron con apenas segundos de diferencia y provocaron el derrumbe de 190 edificios de gran altura, mientras otras 600 estructuras quedaron inhabitables. El balance oficial consolidado hasta este lunes sitúa en 16,740 los heridos, en 17,345 las personas sin vivienda y en 23,820 los pacientes atendidos por los servicios de salud. Las autoridades también informaron la instalación de 80 campamentos provisionales y asistencia de algún tipo a 87,000 familias.
La destrucción se concentró en la franja costera sobre el mar Caribe, a unos 20 kilómetros al norte de Caracas, donde colapsaron ocho grandes edificaciones y se reportaron daños severos en hospitales, complejos comerciales, escuelas y hoteles. Ese cuadro refuerza la alerta sobre la fase que sigue: administrar la emergencia sin opacidad, priorizar a los damnificados y someter cada decisión de reconstrucción y ayuda humanitaria al escrutinio público e internacional, porque ante pérdidas de esta magnitud la diferencia entre gestión y propaganda se mide en vidas, techo y servicios básicos.