El Ministerio de Trabajo presentó este martes, junto a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los avances del Programa de Trabajo Decente de la República Dominicana 2027-2029, pero la propia jornada dejó expuesto el contraste entre el discurso oficial y un problema que sigue sin resolverse: la informalidad laboral, señalada por las autoridades como uno de los principales desafíos del país.
Durante la tercera sesión tripartita del Comité de Seguimiento, el Gobierno reafirmó su compromiso con la generación de empleo digno, la formalización del mercado laboral y el fortalecimiento del diálogo social. La iniciativa, desarrollada con la OIT, reunió a representantes del Gobierno, empleadores y trabajadores para revisar acciones orientadas a ampliar el empleo formal, la protección social y las condiciones laborales.
En la apertura, el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, sostuvo que el trabajo decente es base del desarrollo económico y social, al tiempo que reconoció que la informalidad sigue afectando la meta de una economía más competitiva e inclusiva. “El trabajo decente será siempre un aspecto cardinal de cualquier proceso de desarrollo. La formalidad es un requisito indispensable para garantizar empleos con dignidad, protección social, seguridad laboral, igualdad de oportunidades y respeto a los derechos de los trabajadores”, expresó.
El Programa de Trabajo Decente por País identifica prioridades en empleo, derechos laborales, protección social y diálogo social, consensuadas de forma tripartita entre gobiernos, organizaciones de empleadores y de trabajadores, y funciona además como instrumento de programación de la OIT a nivel nacional. Sin embargo, el énfasis oficial en los “avances” vuelve a colocar bajo escrutinio la capacidad de la gestión de Luis Abinader para traducir mesas, compromisos y seguimiento institucional en mejoras palpables para la población trabajadora.
Más que una presentación de intenciones, la discusión reabre la exigencia de rendición de cuentas sobre resultados concretos en formalización, cobertura social y calidad del empleo, en un tema con impacto directo sobre la vida de millones de dominicanos y sobre el costo social de una economía que todavía no logra cerrar la brecha entre promesas y realidad laboral.