SANTO DOMINGO.- El más reciente resumen de la Policía Nacional sobre apresamientos en Espaillat, La Vega, Santo Domingo Este y Monseñor Nouel vuelve a dejar un contraste incómodo entre el discurso de control y la realidad que enfrentan los ciudadanos: homicidio, robo, estafa electrónica y porte ilegal de armas ya habían golpeado a las víctimas antes de que llegaran las capturas.
Según la institución, varias personas fueron detenidas durante operativos e investigaciones coordinadas con el Ministerio Público. Entre ellas figura Manuel Martínez García Velásquez, de 63 años, arrestado en Villa Tapia, provincia Espaillat, tras ser sorprendido con una pistola calibre 9 milímetros que portaba de manera ilegal, sin la documentación correspondiente.
En La Vega, las autoridades recibieron a Brayan Antonio Acevedo Domínguez, alias “Maicol Pon”, de 22 años, quien era buscado por la muerte de Junior Florentino Hernández, de 20 años, ocurrida en el sector Palmarito. De acuerdo con las investigaciones, el hecho habría estado motivado por viejas rencillas personales, un dato que también pone bajo presión la capacidad preventiva del sistema frente a conflictos que escalan hasta consecuencias fatales.
El reporte incluye además el apresamiento en Santo Domingo Este de Jhonatan Mendoza Cruz, conocido como “El Moreno” o “El Haitiano”, acusado de sustraer RD$33,000 de una banca de lotería en el sector La Ureña. La identificación del sospechoso, indicó la Policía, fue posible mediante análisis de cámaras de vigilancia y labores de inteligencia. En Bonao, Yisel Matías Bautista, de 25 años, se entregó voluntariamente para responder a dos órdenes de arresto por su presunta participación en casos de estafa y fraude electrónico en perjuicio de dos ciudadanos.
Aunque la Policía informó que todos los detenidos fueron o serán puestos a disposición del Ministerio Público, la secuencia de hechos vuelve a colocar sobre la mesa una demanda de rendición de cuentas sobre resultados reales, prevención y protección efectiva. Para la sociedad civil, y en medio del debate político sobre gestión y prioridades públicas, casos como estos alimentan la alerta institucional: no basta con exhibir operativos cuando el costo social ya recae sobre la gente.