BOGOTÁ.- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que eliminará la consejería presidencial de paz después de que, según expuso, la política de diálogos directos del gobierno saliente fracasara en obtener el desarme de poderosos grupos armados, un reconocimiento que vuelve a poner bajo escrutinio la distancia entre el discurso oficial y los resultados en seguridad.
De la Espriella dijo que su objetivo será “la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento y que se va a acabar desde que asuma el cargo” el 7 de agosto. Dos semanas antes, había dado un plazo de un mes a los grupos armados ilegales para someterse a la justicia y advirtió que no hará “concesiones inaceptables”, en referencia a las políticas del gobierno saliente para el desarme de guerrillas y grupos narcotraficantes.
La supresión de la consejería formará parte de una reestructuración más amplia en la presidencia, con la finalización de más de 200 puestos y el traslado de algunas funciones a ministerios como Interior y Defensa. El mandatario electo aseguró que esos cambios permitirán un ahorro de 10.000 millones de pesos, equivalentes a 3,1 millones de dólares, en una decisión que instala el debate sobre el tamaño del aparato presidencial y la eficacia real de estructuras que no evitaron el deterioro de la seguridad.
Desde la campaña, De la Espriella también había planteado eliminar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a la que califica como un “tribunal de venganza” que emite sentencias con “asimetría”. La JEP surgió del acuerdo de paz de 2016 que desarmó a la guerrilla de las FARC y juzga las violaciones más graves a los derechos humanos cometidas durante el conflicto por los actores armados. Con ese telón de fondo, el cambio anunciado no solo marca una ruptura política: deja abierta una alerta institucional sobre cómo se reemplazarán funciones sensibles mientras persiste la exigencia de resultados concretos y no solo de nuevas promesas desde el poder.