El Gobierno cubano pidió respaldo internacional para la sesión prevista este 7 de julio en la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, donde buscará exponer las afectaciones del bloqueo impuesto por Estados Unidos a la isla. La convocatoria reabre un debate que trasciende la diplomacia: hasta qué punto las presiones entre gobiernos terminan imponiéndose sobre el derecho de los Estados a fijar posición en un foro multilateral.
El canciller Bruno Rodríguez sostuvo en redes sociales que el Gobierno de EE.UU. intenta impedir que la Asamblea General se pronuncie sobre el tema incluido en la agenda como la “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba”. Según afirmó, Washington “presiona a gobiernos y busca coaccionar la voluntad soberana de los Estados miembros”, por lo que llamó a acompañar el debate y a defender la Carta de Naciones Unidas, la paz y la igualdad soberana entre las naciones.
Rodríguez insistió en que Cuba acudirá a la ONU “con la verdad de nuestro pueblo y con la fuerza del Derecho Internacional” para denunciar lo que describió como acciones agresivas de EE.UU. contra la isla. También dijo que defenderá el “derecho soberano a vivir sin cerco energético, sin asfixia externa, sin coerción, sin amenazas de un baño de sangre, sin un castigo colectivo”.
Ya el pasado martes, en rueda de prensa, el jefe de la diplomacia cubana había adelantado que en esa sesión La Habana denunciaría nuevas acciones de presión para frenar la discusión. Aseguró además que el servicio exterior de EE.UU. ejecuta “presiones inéditas, con amenazas y chantajes de todo tipo a naciones soberanas” para impedir que el tema llegue con fuerza a la Asamblea General.
Más allá del cruce político, la sesión coloca sobre la mesa un punto sensible para la región y para cualquier gobierno que invoque respeto al derecho internacional: si las grandes potencias pueden condicionar la voluntad de otros Estados, el costo no se queda en el discurso diplomático. También golpea la credibilidad de los espacios multilaterales y obliga a una vigilancia más estricta de la comunidad internacional y de la sociedad civil frente a prácticas de coerción que, según la denuncia cubana, buscan bloquear incluso el debate.