CARACAS.– La ofensiva verbal de Diosdado Cabello contra el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, terminó dejando en primer plano un punto sensible tras el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela: la tensión entre el control político de la ayuda y la exigencia de rendición de cuentas sobre insumos destinados a una emergencia que ha dejado, al menos, 3.535 muertos.
El ministro de Interior rechazó que la ayuda humanitaria enviada desde Panamá fuera rastreada con dispositivos electrónicos y calificó de “vulgares y miserables” las declaraciones del alcalde panameño. En una transmisión de Venezolana de Televisión (VTV), cuestionó que se le colocara “un GPS a la ayuda humanitaria” para verificar su ubicación y denunció una supuesta campaña para generar dudas sobre el pueblo venezolano.
La versión que dio Mizrachi, sin embargo, apuntó en sentido contrario: dijo a EFE que el rastreo busca poder rendir cuentas a los ciudadanos que donaron en un “esfuerzo masivo” la asistencia enviada a Venezuela. La Alcaldía de Panamá colaboró en la recolección de unas 100 toneladas de ayuda humanitaria, de las cuales ya se había enviado más de la mitad, junto con aportes del Gobierno nacional e instituciones públicas panameñas.
Según precisó el alcalde, los ‘AirTags’ fueron colocados dentro de distintos insumos, desde cajas de pañales y botellas de agua hasta detergentes. La reacción de Cabello, lejos de despejar dudas, refuerza el contraste entre un discurso oficial que denuncia sospechas externas y una práctica de fiscalización que, en contextos de desastre, busca precisamente asegurar que la ayuda llegue a destino.
En medio de una crisis humanitaria de gran escala, el episodio vuelve a poner sobre la mesa una alerta institucional más amplia: cuando la supervisión de los donativos provoca una respuesta airada del poder, crece la presión de la sociedad civil por mecanismos verificables y explicaciones claras sobre el manejo de recursos que tienen impacto directo sobre la población afectada.