La República Dominicana será sede del 1 al 4 de diciembre de 2026 de la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC), el principal foro mundial sobre transparencia, integridad y lucha contra la corrupción, en una decisión que proyecta al país ante más de 2,000 participantes de alrededor de 140 países, pero que al mismo tiempo aumenta la presión sobre la gestión de Luis Abinader para exhibir resultados concretos y no solo discurso oficial.
El anuncio fue hecho este miércoles por el presidente Abinader junto a representantes de Transparencia Internacional y de la propia conferencia, durante un encuentro con directores de medios de comunicación. Desde el Gobierno se presentó el evento como una oportunidad para posicionar a la República Dominicana en el debate global sobre transparencia, aunque la magnitud de esa vitrina también convierte la cita en una prueba de fiscalización institucional sobre la distancia entre las promesas de integridad y la respuesta efectiva del poder frente a la corrupción y la impunidad.
Durante la actividad, el mandatario afirmó que la lucha contra la corrupción y la impunidad es una de las principales prioridades de su administración y valoró la conferencia como un espacio para fortalecer la cooperación internacional y el intercambio de experiencias en favor de instituciones más transparentes y democráticas. Sin embargo, el propio peso simbólico del foro obliga a que esa narrativa oficial sea contrastada con resultados verificables, en un contexto donde la transparencia dejó de ser solo consigna y pasó a ser una demanda de vigilancia permanente de la sociedad civil, los medios y los actores institucionales.
El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, explicó que la IACC se celebra cada dos años, tiene más de 30 años de trayectoria y se ha consolidado como el principal espacio mundial para debatir sobre rendición de cuentas e integridad. También precisó que reunirá a líderes políticos, organismos internacionales, academia, sector privado, periodistas y sociedad civil para discutir desafíos y soluciones frente a la corrupción. Precisamente por eso, la elección del país como sede no solo representa visibilidad internacional: también coloca al Gobierno dominicano bajo una alerta institucional mayor, con la obligación de llegar a 2026 con explicaciones convincentes sobre su gestión y con menos espacio para la propaganda que para los resultados.