La reforma de la Policía Nacional avanza en el Congreso, pero el dato político y social sigue estando fuera de los salones: la institución arrastra una crisis de legitimidad marcada por denuncias de corrupción interna, uso excesivo de la fuerza, muertes en operativos y serias dudas sobre su capacidad para prevenir el delito. El contraste entre el discurso oficial de transformación y la experiencia ciudadana mantiene bajo presión un proceso que todavía no logra traducirse en confianza.
Especialistas en seguridad pública advierten que el deterioro no responde a episodios aislados. Por el contrario, cada nuevo escándalo refuerza la percepción de una Policía que anuncia reformas, suspende agentes y promete investigaciones, pero no consigue demostrar que el cambio haya llegado a los destacamentos, los patrullajes y los operativos. Ahí se concentra la principal exigencia de rendición de cuentas al Gobierno de Luis Abinader: resultados verificables, no solo anuncios.
En los barrios, la evaluación es más dura que cualquier balance institucional. Las denuncias que no avanzan, los patrullajes tardíos, los crímenes sin respuesta y los operativos que generan temor en vez de tranquilidad, según líderes comunitarios, exponen el costo social de una reforma que sigue pendiente de consolidarse. A eso se suma, según una fuente interna consultada por Acento, la falta de recursos tecnológicos de vanguardia, la capacitación insuficiente de algunos agentes y la ausencia de estrategias integrales, factores que debilitan la capacidad de respuesta policial y alimentan la búsqueda de alternativas de protección fuera del Estado.
La credibilidad de la institución también se erosiona por las denuncias de sobornos, vínculos con redes delictivas, tráfico de armas, narcotráfico y otras prácticas ilícitas. Fuentes consultadas señalan que esas acusaciones han profundizado la desconfianza ciudadana, mientras investigaciones recientes del Ministerio Público y de organismos antidrogas han identificado estructuras vinculadas al tráfico internacional de drogas y al lavado. En ese escenario, la discusión legislativa queda obligada a ir más allá del trámite: el Congreso tiene bajo la lupa una reforma que será medida por su capacidad de frenar abusos, depurar responsabilidades y responder a una ciudadanía que ya no acepta promesas sin consecuencias.