La estafa por medios electrónicos se ha vuelto una escena cada vez más frecuente en República Dominicana: ofertas en redes sociales, transferencias para apartar productos y, después, la desaparición del supuesto vendedor. El problema, descrito por el jurista Rafael Reyes Cabreja, retrata un contraste cada vez más visible entre la digitalización de la vida cotidiana y la vulnerabilidad real en la que quedan los ciudadanos cuando las herramientas tecnológicas también son aprovechadas por delincuentes.
El texto explica que no se trata de una figura distinta a la estafa tradicional, sino del mismo engaño ejecutado mediante medios electrónicos, informáticos, telemáticos o de telecomunicaciones para inducir a error y obtener un beneficio económico indebido. En la práctica, redes sociales, plataformas de compraventa, aplicaciones de mensajería y sitios web falsos se han convertido en espacios donde el fraude encuentra terreno fértil, muchas veces junto a otras conductas como la suplantación de identidad o el uso fraudulento de datos personales.
La advertencia jurídica también funciona como alerta institucional: si el sistema de justicia dominicano enfrenta estos casos con creciente frecuencia, el dato de fondo es que el problema está escalando y golpea directamente el bolsillo de la gente. La expansión de operaciones bancarias, compras y gestiones a distancia ha facilitado la vida diaria, pero también ha abierto una brecha de riesgo que exige más vigilancia, prevención y resultados verificables, no solo discurso sobre modernización.
Reyes Cabreja recuerda que la estafa está prevista en el artículo 405 del Código Penal dominicano y que la jurisprudencia ha delimitado sus elementos. Cita, además, la Sentencia núm. 93 del 30 de abril de 2021 de la Suprema Corte de Justicia, que exige maniobras fraudulentas para inducir a error. Pero el punto de mayor peso para la ciudadanía sigue siendo otro: mientras el delito se adapta con rapidez al entorno digital, la respuesta institucional queda obligada a demostrar que puede proteger a las víctimas antes de que el costo social siga creciendo.