A pocos días de que el nuevo Código Penal deba entrar en vigor el 3 de agosto, el Congreso Nacional continúa recibiendo reclamos de sectores sociales que señalan fallas sensibles en la norma, en una etapa que mantiene bajo presión a una legislación ya aprobada pero todavía cuestionada en puntos clave.
Desde el martes pasado, las cámaras legislativas habilitaron un espacio para escuchar propuestas de modificación al texto. La Comisión Bicameral, encabezada por el diputado Wandy Taveras, ha conocido planteamientos sobre diversas tipificaciones penales, aunque uno de los focos de mayor presión pública sigue siendo el alcance de las sanciones previstas por la Ley 74-25 cuando entra en juego la libertad de expresión y el ejercicio informativo.
En ese marco, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) depositó un documento con observaciones a por lo menos 11 artículos. Las propuestas presentadas por Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de la entidad, buscan modificar alrededor de ocho disposiciones, entre ellas los artículos 186, 192, 194, 208, 211, 212, 234 y 310.
Entre los cambios sugeridos, ADOCCO plantea que el artículo 186, relativo al atentado contra la intimidad, incorpore una exclusión expresa de responsabilidad cuando la divulgación responda al ejercicio legítimo del periodismo y exista un interés público prevaleciente. También propone ajustar la redacción del artículo 192, sobre difusión de audios o imágenes sin consentimiento, para evitar que termine alcanzando al periodismo de investigación.
La entidad además pide precisar en el artículo 194 el alcance de la responsabilidad penal por difusión de informaciones falsas, a fin de no castigar el “ejercicio legítimo de la actividad informativa”. Que estas correcciones sigan llegando en la antesala de la entrada en vigencia de la ley vuelve a reforzar la alerta institucional sobre la calidad del proceso y sobre la obligación del Congreso y del Gobierno de rendir cuentas ante una norma que aún provoca reparos en la sociedad civil.