Una investigación del Instituto de Energía de la UASD coloca al Gobierno dominicano ante una exigencia directa de rendición de cuentas: según ese análisis, la población está pagando RD$30 de más por cada galón de GLP, uno de los combustibles de mayor impacto en el bolsillo de los hogares.
El estudio revisa el Precio Paridad de Importación (PPI), la fórmula que el Gobierno aplica cada semana a través del departamento de Hidrocarburos del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) para fijar los precios de los combustibles. Ese mecanismo incorpora el precio FOB, el CIF, cargos administrativos del MICM como el GAL, gastos bancarios, el precio del dólar, además de márgenes de distribuidores y detallistas, transporte e impuestos establecidos en la Ley 112-00 sobre Hidrocarburos y en la Ley 495-06 de reforma fiscal.
José Luis Moreno San Juan explicó que la investigación ya fue enviada al presidente Abinader y sostuvo que el Instituto de Energía de la UASD está haciendo observaciones sobre cómo deberían evaluarse los precios en condiciones normales. El señalamiento central es que existe discrecionalidad en la aplicación de los precios, en un contexto donde el costo final recae sobre los consumidores.
Moreno San Juan también planteó que el Gobierno debería disponer el uso del propano comercial, como en Estados Unidos, para evitar ruidos, y eliminar varios reglamentos. Añadió que parte de esos cargos estaban contemplados en la Resolución 259-22 y que ahora fueron incluidos en la Ley 30-26, conocida como el plan anticrisis, lo que refuerza el contraste entre el discurso oficial de alivio y una estructura de precios que, según la investigación, sigue encareciendo el GLP.
Con el informe ya en manos del Presidente, la presión institucional deja de ser técnica y pasa a ser política: si el propio esquema usado por el Gobierno está bajo cuestionamiento académico, la respuesta pendiente no es de propaganda ni de trámite, sino de explicaciones sobre por qué la ciudadanía estaría pagando de más en un producto esencial.