El Comité Institucional Codiano (CIC) solicitó al Congreso Nacional aprobar una resolución que exhorte al Poder Ejecutivo a incorporar en un presupuesto complementario los recursos necesarios para comenzar este mismo año el pago de acreencias reconocidas a contratistas de obras públicas, conforme a la Ley 16-26. La petición reaviva la presión sobre la gestión presupuestaria del Gobierno dominicano, que sigue con una deuda ya reconocida mientras los afectados continúan a la espera.
La comunicación fue enviada a los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, por una comisión formada por el arquitecto Emiliano Familia y el ingeniero Miguel Liberato. De acuerdo con el documento, lo que se busca es que el Congreso impulse una resolución para instar al Poder Ejecutivo a consignar los fondos requeridos en el actual ejercicio fiscal, en momentos en que la aplicación de la ley aún no se refleja en una respuesta efectiva desde Hacienda y las dependencias encargadas del gasto.
La iniciativa surge luego del anuncio de la primera sesión de trabajo de la Comisión Ejecutora encargada de aplicar la Ley 16-26, un paso que los contratistas entienden indispensable para avanzar en el reconocimiento y pago de las deudas acumuladas por el Estado. Sin embargo, el propio reclamo del gremio marca el contraste entre el trámite institucional y la ausencia de desembolsos: además de recursos, el CIC pidió que el Congreso exhorte a la Comisión Ejecutora a agilizar el estudio de los expedientes de los beneficiarios.
La organización advirtió que entre los afectados figuran profesionales de edad avanzada, personas con problemas de salud y familiares de contratistas fallecidos que todavía esperan el pago por obras ejecutadas para el Estado. A partir de ese panorama, la discusión deja de ser solo administrativa y se convierte en una advertencia sobre el costo social de la demora y sobre la obligación del Gobierno, el Ministerio de Hacienda y los órganos presupuestarios de responder por una deuda que sigue cargando sobre quienes ya cumplieron con el Estado.
El CIC también planteó que la eventual resolución sea remitida al presidente de la República, al Ministerio de Hacienda y Economía, al Ministerio de la Presidencia, a la Dirección General de Presupuesto, a la Contraloría General de la República y al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, ampliando así la presión institucional sobre una cadena oficial que, pese al marco legal vigente, todavía no ofrece una salida concreta a los acreedores.