Mientras el país escucha promesas recurrentes de austeridad, los registros del Congreso muestran otra presión sobre el presupuesto: en las últimas dos décadas se han propuesto más de 20 nuevos institutos públicos, una expansión institucional que vuelve a poner bajo escrutinio a diputados y senadores por intentar cargar al Estado con más estructuras, más sedes y más gasto.
Los archivos de la Cámara de Diputados y del Senado reflejan que estas iniciativas no han sido exclusivas de una sola organización. Legisladores del PRM, del PLD, de la Fuerza del Pueblo y de otros partidos han impulsado proyectos para crear entidades dedicadas incluso a productos específicos como coco, casabe, arroz, aguacate y banano. El patrón deja una alerta institucional: en vez de concentrarse en resultados y prioridades generales, el Congreso ha abierto espacio a propuestas que fragmentan la administración pública y comprometen recursos.
Uno de los casos más visibles fue el del Instituto Nacional del Coco, conocido como “Inacoco”. La iniciativa fue promovida originalmente por el entonces senador Arístides Victoria Yeb y luego retomada por el diputado Napoleón López Rodríguez, ambos vinculados políticamente a María Trinidad Sánchez. El proyecto llegó a ser aprobado en la Cámara de Diputados y remitido al Senado.
El detalle que más expuso el sesgo de este tipo de propuestas fue el artículo 3, que fijaba de manera obligatoria la sede central en Nagua. Napoleón Rodríguez defendió en su momento la creación del instituto con el argumento de que era necesario para aumentar la producción en la provincia y en el país. Pero el expediente, tal como quedó registrado, también alimentó el debate sobre si estas iniciativas responden a una planificación nacional o a intereses políticos y territoriales que terminan trasladando su costo a las arcas públicas.
La acumulación de proyectos de este tipo retrata un contraste difícil de ignorar entre el discurso de racionalidad del Estado y la práctica legislativa. Para la ciudadanía, el punto de fondo no es solo cuántos institutos se intentan crear, sino quién rinde cuentas cuando el Congreso convierte demandas sectoriales en nuevas cargas presupuestarias en un país donde la presión sobre los recursos públicos sigue siendo un problema central.