La historia de la profesora Milka Mercedes Ramírez, apartada de las aulas desde el 17 de enero tras un procedimiento odontológico, vuelve a poner el foco en un problema que trasciende un consultorio: cuando fallan los controles, el costo social recae completo sobre los ciudadanos. Más de seis meses después, su esposo Norberto Luna asegura que las secuelas le impiden hablar con normalidad y la obligan a alimentarse principalmente con líquidos y alimentos licuados.
El caso se mueve entre dos preguntas de alto impacto institucional: mala práctica o intrusismo. No se trata solo de una diferencia técnica o judicial, sino de una señal de alerta sobre la capacidad real de vigilancia en servicios que afectan de forma directa la salud, el trabajo y la estabilidad familiar. En este caso, la afectada no solo enfrenta consecuencias físicas; también quedó fuera de su rutina profesional, mientras su esposo y sus dos hijos, de catorce y ocho años, cargan con el cambio abrupto en la vida del hogar.
Según relató Luna a Listín Diario, ambos acudieron confiados al consultorio del odontólogo William Almánzar por tratarse de un centro de renombre. Allí, dijo, un hombre revisó la panorámica, les aseguró que la extracción de las cuatro cordales podía realizarse y les transmitió la seguridad suficiente para fijar la cirugía tres días después. “Nosotros fuimos confiados a ese consultorio porque era un centro de renombre. Nunca imaginamos que terminaríamos viviendo una situación como esta”, expresó.
La intervención, programada para el sábado 17 de enero, terminó lejos de la idea de un procedimiento rutinario. De acuerdo con el esposo, se prolongó durante cerca de cuatro horas; en ese tiempo, el equipo de succión dejó de funcionar y quien realizaba la extracción tuvo dificultades para retirar una de las piezas dentales. Ese relato, todavía bajo el peso de una investigación, refuerza el contraste entre la confianza ofrecida al paciente y el resultado que hoy mantiene a una docente fuera de las aulas.
Mientras la investigación judicial define si hubo negligencia o ejercicio sin autorización legal o capacitación requerida, el dato más contundente ya está a la vista: una familia quedó marcada durante meses por un procedimiento que debía resolver un problema de salud y terminó abriendo otro. En un contexto donde la ciudadanía espera servicios seguros y supervisión efectiva, casos como este alimentan la exigencia de fiscalización real y de responsabilidades claras, porque cuando el sistema falla, la factura la paga la gente.