La convocatoria a un paro nacional de 24 horas para este lunes 7 de julio llevó al Colegio Médico Dominicano (CMD) a convertir el caso de los doctores William y Franklin Almánzar en una advertencia institucional: junto con la acusación por presunta mala práctica médica, el gremio puso bajo la lupa la forma del arresto y las explicaciones que aún faltan sobre un procedimiento que, según denunció, terminó afectando la salud del pueblo.
Luis Peña Núñez, presidente del CMD, definió el apresamiento como un “atropello” y reprochó que William Almánzar fuera buscado en la clínica por agentes del DICRIM sin haber sido citado antes. “No vamos a permitir este tipo de atropellos, porque esto atenta contra la salud del pueblo. Una simple denuncia querella se convirtió en un apresamiento”, afirmó, al sostener que se vulneraron derechos fundamentales. Después añadió: “Los abusos de poder no es verdad que lo vamos a permitir”.
Desde La Vega, el titular de la seccional del CMD, Miguel Tevenín, confirmó que el médico continúa detenido en el Dicrim y rechazó el manejo dado al caso. En esa misma línea, José Domínguez planteó que una acusación de esta naturaleza, a su juicio, no debió tramitarse por la vía penal sino civil, y cuestionó que se actuara “como si fuese un delincuente cualquiera”.
La protesta gremial abre un frente que rebasa el expediente judicial: cuando una denuncia deriva en un conflicto nacional con paro médico, el problema deja de ser solo legal y pasa también por la gestión, la confianza y el costo social. El caso obliga a rendir cuentas sobre el uso del poder en procedimientos sensibles y sobre las consecuencias que esa forma de proceder termina trasladando a los pacientes.