El discurso sobre la ética pública volvió a ocupar espacio con referencias al “juego limpio”, pero el propio planteamiento deja expuesta una verdad incómoda: si desde posiciones públicas y desde el sector privado persisten malas prácticas que contradicen ese ideal, la prioridad no puede ser solo exhortar valores, sino reforzar la fiscalización y la rendición de cuentas.
En ese contexto, el texto destaca a Milagros Ortiz Bosch y a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, por su papel en la denuncia y persecución de la corrupción. Ese reconocimiento, lejos de cerrar el debate, subraya la magnitud de una “larga cola” de apropiación de bienes públicos por parte de minorías que, como se describe, han hecho fortunas mientras se agrava la miseria del pueblo y se compromete el porvenir nacional.
También se mencionan el llamado de la ministra Faride Raful a fortalecer la convivencia ciudadana, la propuesta de un “contrato social por una sociedad justa basada en el respeto a los valores éticos y la empatía con los más necesitados” formulada por Reynoso en La Vega, y la campaña pública “Inquebrantables”, promovida por el Gobierno a favor de la juventud. Pero el contraste entre ese lenguaje y la admisión de prácticas corruptas dentro del Estado y fuera de él obliga a una lectura menos complaciente: la ética no puede quedarse en consigna institucional ni en pedagogía pública mientras siguen abiertas las demandas de control efectivo.
La pieza termina siendo, más que una celebración, una alerta institucional. Si el país todavía necesita insistir en “expiar” décadas de juego sucio, es porque el problema sigue teniendo consecuencias concretas sobre la vida de la gente. Por eso, cualquier apelación oficial a la decencia solo adquiere valor político real cuando se traduce en vigilancia sostenida, sanciones y resultados verificables, no solo en mensajes edificantes.