República Dominicana figura entre los cinco países de América Latina con las tasas más altas de feminicidios y violencia de género, un dato que vuelve a colocar bajo escrutinio la eficacia de la respuesta institucional frente a una crisis de impacto social sostenido. El año pasado se llevaron a los tribunales más de 73 mil casos de abusos físicos y mentales, mientras que en lo que va de 2026 se han cometido al menos 30 feminicidios íntimos.
La magnitud de esas cifras apunta a una brecha entre la gravedad del problema y el alcance de las acciones en marcha. El propio cuadro descrito obliga a reenfocar esfuerzos públicos y privados, endurecer sanciones y ampliar los refugios creados de manera limitada para proteger a mujeres bajo amenazas de muerte, en un contexto en el que el Ministerio Público recibe anualmente unas 25 mil denuncias-querellas.
El problema, además, no se reduce a la violencia física. El texto advierte sobre políticas existentes aplicadas a baja intensidad frente a patrones culturales arraigados y al uso de espacios tecnológicos para denigrar a la mujer, facilitar el ciberacoso, la agresión moral y la manipulación. En ese escenario, la educación aparece como una herramienta clave, pero también como recordatorio de que la prevención y la protección siguen sin mostrar resultados proporcionales a la dimensión de la emergencia.