El segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional rechazó la solicitud de extinción de la acción penal presentada por 13 acusados en el caso Jean Alain y dispuso la continuidad del proceso, recesado hasta el lunes 28. Con esta decisión, ya suman 14 de 22 personas jurídicas imputadas a las que se les niega ese pedimento, incluido Jean Alain.
Aunque las juezas Claribel Nivar, Clara Castillo y Yissel Soto admitieron que el proceso ha sobrepasado los plazos previstos en las normas sobre duración máxima, sostuvieron que la extinción no puede decidirse como una “operación matemática”, sino a partir de una valoración de la razonabilidad del tiempo transcurrido. El tribunal argumentó que el expediente no ha estado paralizado, que solo los incidentes consumieron más de tres meses de audiencias y que, desde hace un año y siete meses, ha dedicado cerca del 90% de su tiempo laboral al caso, con alrededor de 20 resoluciones dictadas.
La resolución mantiene vivo un proceso que las magistradas describen como excepcional por sus más de 30 líneas de investigación, el alto número de imputados, el volumen probatorio y la multiplicidad de partes. Pero ese mismo cuadro deja abierta una alerta institucional: mientras la justicia defiende la continuidad del expediente por su complejidad, también queda expuesto el contraste entre la promesa de respuestas oportunas y la realidad de un caso que ya rebasó los plazos. En un escenario de desgaste de gestión y exigencia de rendición de cuentas, decisiones como esta reafirman la necesidad de vigilancia pública sobre cómo el poder administra los grandes procesos y sus tiempos.