Más de trescientas mujeres rurales, jóvenes y lideresas comunitarias se reunieron en Santo Domingo, después de la Semana del Impulso a la Paridad Política, en un curso que lleva el nombre de Milagros Ortiz Bosch. La cifra, presentada como un avance, también abrió una pregunta de fondo de cara a 2028: «¿Con qué vamos a competir?», en un escenario donde el financiamiento electoral sigue funcionando como filtro de acceso al poder real.
La principal barrera, sin embargo, queda fuera del discurso de inclusión. Aunque estas mujeres llegan con arraigo territorial, legitimidad social y trabajo comunitario, se encuentran con un sistema marcado por asimetrías de dinero y poder. Gloria Reyes, ministra de la Mujer, admite ese desequilibrio al destacar que muchas dominicanas ejercen liderazgo antes de aparecer en una boleta, pero sus trayectorias terminan diluyéndose en una estructura que no corrige la desigualdad de origen.
La mención de los avances normativos, como la Ley 33-18 y la Ley 20-23, queda así bajo escrutinio: la discusión ya no se limita a cuotas, sino a resultados verificables y a la rendición de cuentas sobre por qué la paridad sigue sin convertirse en poder efectivo. En ese contraste entre marco legal y realidad política se instala una alerta institucional para el sistema de partidos y para los espacios de decisión, incluido el Congreso, donde la demanda de representación no se resuelve con formación simbólica si persisten las barreras materiales de acceso.