Los subsidios a los combustibles pueden ayudar a contener crisis inflacionarias, pero también ponen en evidencia los límites fiscales de economías dependientes de las importaciones y del petróleo, advirtieron expertos durante un conversatorio en Diario Libre. En ese análisis, los economistas Tomás Lukin, de la Alianza Global de Justicia Tributaria, y Jorge Coronado, de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe, relacionaron el alza de los hidrocarburos y la desaceleración económica con la necesidad de contar con mecanismos fiscales y financieros capaces de absorber choques externos sin poner en riesgo la sostenibilidad de las cuentas públicas.
Lukin explicó que, según la Cepal, América Latina deja de recaudar cerca del 6.7 % de su PIB por maniobras de evasión en ITBIS e ISR, equivalente a más de 430,000 millones de dólares anuales. Indicó que esa pérdida reduce la capacidad de financiar políticas públicas para el desarrollo, así como salud, educación y derechos humanos, y además debilita la legitimidad de los Estados para intervenir en la economía. Ese señalamiento refuerza la presión por una mayor fiscalización sobre el uso de recursos en medio de medidas costosas como los subsidios.
Los expertos sostuvieron que un déficit fiscal administrable y financiable no es necesariamente negativo en tiempos de crisis, siempre que se utilice para sostener la economía o financiar inversiones productivas. “Una cosa es tomar deuda para pagar deuda y otra cosa es tomar deuda para financiar una ruta que va a sacar exportaciones de tu país”, indicó Lukin. También recordaron que la dependencia regional de productos básicos y combustibles importados hace que conflictos internacionales, cierres de rutas marítimas o aumentos del petróleo terminen trasladándose a los precios internos, lo que vuelve más urgente la rendición de cuentas sobre cómo se responde al costo de vida.