La entrada en vigor del nuevo Código Penal pone más presión sobre el sector construcción al sumar responsabilidades para las personas jurídicas y elevar las exigencias en materia de prevención de riesgos legales dentro de las empresas. Durante una conferencia organizada por la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda (Acoprovi), especialistas advirtieron que la reforma obliga a revisar procesos internos, mecanismos de supervisión y políticas de prevención.
El doctor en Derecho Miguel Valerio señaló que el nuevo marco ya no se limita al conocimiento de la ley, sino que impulsa a las empresas a poner en marcha una gestión de cumplimiento capaz de proteger a las organizaciones, sus directivos y sus colaboradores. Con ello, se refuerza una señal de alerta institucional: la adaptación no puede quedarse en el discurso, sino concretarse en controles efectivos para reducir la exposición penal en una actividad de alto impacto económico y social.
La presidenta de Acoprovi, Annerys Meléndez, sostuvo que comprender el alcance de las nuevas disposiciones será determinante para que las empresas se ajusten con mayor seguridad al marco jurídico. En la jornada también se desarrolló el panel “Nuevo Código Penal y sector construcción”, con la participación de Tania de León y John Seibel, en una discusión centrada en responsabilidad penal y gestión de riesgos, un tema que vuelve a colocar sobre la mesa la necesidad de fiscalización y rendición de cuentas en sectores clave.