El conflicto entre Anadegas y los proveedores de verifones escaló al punto de requerir la mediación de varias instituciones del Estado, en un intento por evitar que los usuarios de combustibles terminen pagando las consecuencias de una disputa entre actores del sector. Pro Consumidor informó que participa, junto al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y otras entidades oficiales, en gestiones para buscar una salida antes de que se afecten los mecanismos de pago en estaciones de servicio del país.
La alerta se concentra en las más de 700 estaciones afiliadas a Anadegas, luego de que la organización anunciara el retiro de los verifones a partir del 25 de septiembre. De concretarse la medida, cientos de usuarios que pagan combustibles con tarjetas bancarias verían reducidas sus opciones, un escenario que vuelve a colocar sobre las autoridades la presión de responder antes de que el problema llegue directamente al consumidor.
El director de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, pidió a Anadegas actuar con sensatez y sostuvo que “las partes tienen que ponerse de acuerdo, porque el consumidor no puede resultar afectado”. La entidad dijo que se mantiene atenta al proceso y en conversaciones con los directivos del gremio, mientras da seguimiento a las gestiones oficiales. El episodio deja abierto un frente de vigilancia sobre la capacidad institucional para prevenir que conflictos sectoriales deriven en nuevas trabas para servicios básicos de uso cotidiano.