República Dominicana sigue entre los países cuyos ciudadanos necesitan visado para entrar al espacio Schengen, una condición que la mantiene dentro de una categoría migratoria que la diplomacia dominicana ha intentado desmontar durante años. El marco europeo, consolidado con el Reglamento 539/2001, continúa ubicando al país junto a un grupo reducido de naciones iberoamericanas sujetas a esa restricción.
La situación cobra especial relevancia porque, aunque el país es la economía más grande del Caribe insular y una de las de mayor crecimiento regional en las últimas décadas, ese desempeño no se ha traducido en una mejora de su acceso al espacio europeo de libre circulación. Bruselas no fundamenta su evaluación en variables económicas, sino en indicadores como permanencia irregular, solicitudes de asilo, seguridad documental y comportamiento estadístico de los viajeros.
Ese panorama vuelve a plantear la necesidad de explicaciones sobre los resultados concretos de las gestiones oficiales en un tema que impacta de forma directa la movilidad internacional de los dominicanos. Mientras otros Estados caribeños de menor tamaño poblacional cuentan con acceso sin visado, República Dominicana sigue sometida a controles documentales reforzados y a una percepción de riesgo migratorio que arrastra desde los años noventa.