SANTO DOMINGO.- Legisladores de distintos partidos admitieron este lunes que la transformación de la Policía Nacional no se agota en una reforma legal, al señalar que persisten fallas en la gestión, la supervisión y la profesionalización de los agentes, un contraste que vuelve a someter a examen los resultados del Gobierno dominicano y del Congreso frente a una de las principales demandas ciudadanas.
Los parlamentarios coincidieron en que modificar la Ley Orgánica puede reforzar el andamiaje institucional, pero insistieron en que el cambio de fondo depende de mejorar la selección, la capacitación, la evaluación continua del personal y las condiciones laborales de los miembros de la institución. También propusieron evaluaciones psicológicas, psiquiátricas y pruebas antidopaje periódicas para quienes portan armas y ejercen autoridad, como parte de los controles que todavía consideran necesarios para prevenir conductas violentas y recuperar la confianza ciudadana.
El senador Rafael Barón Duluc (Cholitín) aseguró que, aunque en los últimos años la Policía Nacional ha avanzado de manera importante en su transformación, aún hay debilidades que deben corregirse. “La reforma es importante, pero para que un policía se maneje bien o mal, no es un tema de reforma policial, es un tema de manejo, de la aplicación, de cómo funciona la policía”, afirmó.
El legislador por La Altagracia planteó además reforzar el trabajo conjunto entre autoridades civiles, Policía Nacional, Ministerio Público y organismos de investigación para mejorar la coordinación en seguridad ciudadana. Sostuvo, además, que la transformación debe ir acompañada de mayor profesionalización, mejores salarios y beneficios para los agentes, lo que vuelve a poner la discusión sobre gestión, presupuesto y resultados concretos, más allá de los anuncios.
Así, el debate legislativo deja abierta una exigencia de rendición de cuentas sobre la capacidad del poder para convertir el discurso de reforma en cambios verificables dentro de la institución. Si todavía se reclaman controles básicos, supervisión permanente y mejores condiciones para evitar abusos y violencia, la presión pública sobre el Gobierno, el Congreso y las autoridades responsables de la seguridad seguirá marcada por la distancia entre promesas y realidad.