El rechazo de Mario Díaz al aumento del pasaje anunciado por transportistas de Santiago colocó el foco en una pregunta de rendición de cuentas: si el Gobierno dominicano mantiene congelados los combustibles usados por gran parte de la flota y sostiene subsidios para el sector, ¿con qué justificación se intenta cargar un nuevo costo sobre la población?
El dirigente sindical cuestionó el incremento anunciado por Juan Marte, previsto para aplicarse a partir del próximo lunes, al sostener que en las condiciones actuales no existe base técnica, económica ni financiera para elevar las tarifas del transporte público de pasajeros. Su señalamiento pone en evidencia una tensión que trasciende a Santiago: la distancia entre el discurso de protección al usuario y la necesidad de vigilar que las ayudas públicas realmente eviten abusos en un servicio esencial.
Díaz recordó que el sector transporte sigue recibiendo apoyo del Estado, entre ellos el subsidio al gasoil para autobuses, minibuses y vehículos de carga, además del programa Bono Gas para carros del concho que operan con GLP. Bajo ese escenario, advirtió que transferir aumentos a los pasajeros golpearía de forma directa la economía de miles de trabajadores, estudiantes y ciudadanos que dependen a diario del transporte público.
También llamó a los sindicatos y organizaciones de transportistas de Santiago a dejar sin efecto la medida y planteó diálogo y concertación con las autoridades. Pero el episodio deja una alerta institucional más amplia: cuando hay subsidios, congelamiento de combustibles y aun así surge presión para subir tarifas, la sociedad civil y las autoridades están obligadas a fiscalizar mejor, exigir explicaciones y evitar que la gestión termine descargando sobre la gente un costo social que se supone debía contenerse.