Los procesos por corrupción administrativa que han llegado a la justicia en los últimos cinco años corren el riesgo de reproducir el mismo patrón de expedientes que pasan los años sin una decisión definitiva. Los casos de los sobornos vinculados a la compra de los aviones Super Tucano, con casi una década en los tribunales, y de la venta irregular de los terrenos de Los Tres Brazos, con casi ocho años en la justicia, siguen como ejemplos de una lentitud judicial que debilita la respuesta institucional ante hechos que en su momento provocaron gran indignación pública.
En los dos expedientes, los tribunales que conocieron el juicio de fondo declararon la extinción de la acción penal por el tiempo transcurrido, aunque esas decisiones fueron anuladas por la corte de apelación e incluso por la Suprema Corte de Justicia. Pese a ello, el resultado visible continúa siendo el mismo: procesos de alto impacto que permanecen abiertos durante años, con pocos avances apreciables y con el debate público desvanecido por las dilaciones.
En el caso Super Tucano figuran como acusados el exministro de Defensa Pedro Rafael Peña Antonio, el coronel Carlos Piccini Núñez, el empresario Daniel Aquino Hernández y las empresas 4D Business Group y Magycor, por los sobornos de 3.5 millones de dólares atribuidos a Embraer. En el expediente de Los Tres Brazos aparecen como principales imputados Leoncio Almánzar, Rosabel Castillo Rolffot, Juana Inés Gómez Williams, Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, además de Manuel Aybar Ferrando e Irving José Cruz Crespo. La prolongación de estos procesos vuelve a colocar en primer plano la brecha entre la gravedad de las acusaciones y la falta de resultados concluyentes en la justicia.