Con la aprobación este lunes de la Política Presupuestaria Anual para 2027, el Gobierno puso en marcha la formulación del Presupuesto General del Estado del próximo año y volvió a centrar su mensaje en el gasto social, la inversión pública y la continuidad de obras en ejecución, una agenda que desde ya mantiene bajo exigencia de fiscalización la gestión del PRM y sus resultados.
El anuncio fue hecho por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, al concluir la quincuagésima novena reunión del Consejo de Ministros, encabezada por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña. De acuerdo con su explicación, el instrumento se ajusta a la Ley Orgánica de Presupuesto y se enlaza con Meta RD 2036, dentro de una visión de largo plazo que el oficialismo presenta como respuesta institucional en medio del desgaste de su administración.
Paliza afirmó que el presupuesto buscará fortalecer el capital humano, impulsar infraestructura, elevar la productividad y consolidar las instituciones públicas, con énfasis en proyectos de impacto directo sobre la calidad de vida y la competitividad. Añadió que se mantendrá la inversión en educación equivalente al 4.05 % del PIB, junto con el impulso al Plan Horizonte 2034, la construcción y ampliación de planteles, nuevas aulas y la expansión del Programa Nacional de Transporte Escolar.
En materia de salud, el Gobierno aseguró que seguirá la construcción y culminación de hospitales estratégicos, sobre todo los ligados a la red traumatológica, además del refuerzo de las Unidades de Atención Primaria, la expansión de la Red Nacional de Emergencias y la continuidad de programas de protección social dirigidos a familias vulnerables. En infraestructura, Paliza citó la continuidad de proyectos de movilidad, entre ellos el sistema integrado de transporte de Santiago, así como otras obras viales en ejecución.
La definición de estas prioridades abre ahora una fase en la que el Congreso y la ciudadanía tendrán que valorar si el nuevo presupuesto será otra pieza de planificación oficial o una respuesta verificable al costo social de los servicios pendientes, las obras inconclusas y las promesas acumuladas. Más que el anuncio, lo que queda bajo observación es la capacidad del Gobierno de Abinader para convertir su discurso presupuestario en resultados concretos y rendir cuentas por el uso de los recursos públicos.