La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) negó este miércoles que exista un acuerdo con el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, o con otros vinculados al expediente de presunta corrupción administrativa, aunque no cerró la puerta a eventuales pactos si «se dieran las condiciones». La postura fue expuesta por su titular, Mirna Ortiz, al salir del tribunal donde se aplazó el conocimiento obligatorio de la medida de coerción contra seis encartados.
«En este momento el Ministerio Público no puede afirmar que tiene ningún tipo de acuerdo porque no existen tales acuerdos», afirmó Ortiz. Aun así, sostuvo que el órgano persecutor es proacuerdo y que no descarta esa alternativa más adelante. Ese contraste entre la negación oficial y la posibilidad dejada abierta coincide con la versión de una fuente que dijo a Listín Diario que cinco de los diez imputados habían iniciado acercamientos con el Ministerio Público para un procedimiento penal abreviado, con admisión de culpabilidad.
De acuerdo con esa misma versión, esos acercamientos no concluyeron en el acuerdo previsto. El episodio vuelve a poner sobre la mesa la vigilancia del manejo del caso, justo cuando el Ministerio Público se apresta a una nueva fase de la investigación, llamada «Senasa 2.0», en un proceso que sigue sumando interrogantes sobre su alcance y sus resultados.