La paralización de 24 horas en el Poder Judicial llevó este jueves 21 de mayo a reprogramar audiencias en varios tribunales, mientras en otros despachos las puertas quedaron cerradas con avisos que explicaban la suspensión por la protesta. En algunos casos, los jueces se presentaron únicamente para acordar nuevas fechas con las partes, como sucedió con Clara Luz Almonte, de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional, y Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional.
Entre los expedientes aplazados había incluso un proceso por robo de pertrechos y municiones de la Policía. El abogado Adolfo Serrano, citado para este jueves, señaló que tendría que pedir nuevas fechas si las fijadas por la jueza Luz Almonte no les resultan convenientes, aunque dijo considerar justas las demandas de los miembros de la judicatura. A su vez, Juan Alfredo Feliz Rincón aseguró que fue atendido «bien» en una diligencia en secretaría de un tribunal del Distrito Nacional, pero advirtió que «la mayoría de los servicios están suspendidos».
La única dependencia que siguió funcionando fue la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, a fin de asegurar el plazo constitucional para presentar a los arrestados ante un juez. Incluso así, trabajó con una carga muy inferior a la habitual: ese día tenía 8 casos en rol, frente a entre 18 y 21 expedientes diarios, y antes de las 11:00 de la mañana ya todos habían sido conocidos por la jueza Fátima Veloz. Jueces y servidores judiciales sostuvieron que no les quedó alternativa distinta a paralizar tras un prolongado proceso de reclamos por mejores condiciones laborales, que atribuyen al «cansancio acumulado» y al «silencio e indiferencia» institucional.