SANTO DOMINGO.- Las nuevas medidas tributarias y el aumento de los costos de servicios ya no provocan rechazo solo en la oposición. También en el Congreso, incluso legisladores del PRM, han admitido que el paquete tendrá un efecto directo sobre la economía de los dominicanos, en un contraste cada vez más visible entre el discurso oficial y las cargas que terminan absorbiendo las familias.
Heriberto Aracena, diputado de Fuerza del Pueblo, calificó las disposiciones como «medidas antipobres» y afirmó que chocan con la promesa gubernamental de no tocar la economía familiar. A la vez, cuestionó el aumento en los combustibles, al considerar que añade presión sobre la población pese a la caída del precio internacional del petróleo, y criticó el alza de la tasa por salida aérea por el encarecimiento que representa para los viajes de las familias dominicanas.
José David Báez, desde otra bancada opositora, recordó que ya se había advertido sobre las consecuencias de impulsar medidas tributarias sin consenso ni planificación. A su entender, las nuevas disposiciones llevarían a muchos ciudadanos a depender más del dinero en efectivo, con el consiguiente riesgo para la seguridad ciudadana, y reflejan el costo de gobernar sin escuchar a la población ni a los sectores sociales afectados.
La señal de desgaste institucional se amplió cuando la diputada del PRM, Soraya Suárez, reconoció que las nuevas cargas económicas impactarán a quienes utilizan con frecuencia los servicios bancarios. La legisladora pidió revisar las medidas y abrir una mesa de diálogo, al advertir que una eventual eliminación de facilidades de pago electrónico en estaciones de combustibles generaría más dificultades para la población.
Así, la discusión deja de ser técnica y adquiere pleno tono político: el Congreso queda presionado a fiscalizar decisiones que ya muestran costo social, mientras la oposición gana espacio al poner en primer plano la distancia entre las promesas del Gobierno y los resultados que hoy recaen sobre el bolsillo ciudadano.