La iniciativa impositiva limitada presentada por el Gobierno fue colocada en la opinión pública con el argumento de una presión fiscal agudamente baja en República Dominicana, situada en 14%, por debajo del promedio regional de 21.7% y también del umbral de 15% que estudios económicos aceptan como mínimo. Pero el debate no queda reducido a la necesidad de recaudar más: también obliga a examinar con mayor rigor la capacidad del Estado para justificar nuevas cargas y responder a las demandas sociales con resultados verificables.
El paquete, dado a conocer el jueves, fue descrito como un esquema que combina gravámenes y desgravaciones, modificaciones y suavizaciones para ganar aceptación en segmentos importantes de la población. Aun así, el propio alcance de la propuesta confirma que una medida de esta naturaleza no puede avanzar sin pasar por liderazgos sociales y políticos, ni sin el contraste de vistas públicas congresuales, donde deberá someterse a escrutinio una decisión de alto impacto económico y social.
Que sectores no politizados la hayan recibido con considerable aceptación no elimina la necesidad de vigilancia sobre el uso de los recursos públicos ni el derecho de las comunidades y de los intereses legítimos a formular reparos. Si el Estado reclama más ingresos en nombre de su función social, la discusión de fondo pasa por exigir que esa mayor recaudación se traduzca efectivamente en servicios y proveimientos institucionales para la población, y no solo en un nuevo esfuerzo contributivo sin suficiente rendición de cuentas.