SANTO DOMINGO. – La exvicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, cargó este martes contra la gestión del Gobierno al advertir que la calidad de vida de la población no se mide con indicadores aislados, sino con la tranquilidad, la seguridad y las condiciones reales en que viven las familias dominicanas, un señalamiento que refuerza la presión para que el poder rinda cuentas por resultados que la ciudadanía dice no sentir en su vida cotidiana.
A través de un hilo de ocho publicaciones en su cuenta de X, la dirigente política sostuvo que el bienestar de un país debe reflejarse en la experiencia diaria de sus ciudadanos. “La calidad de vida no se explica con estadísticas. Se refleja en la tranquilidad con la que vive una familia, en la confianza que inspira un gobierno y en la esperanza con la que un pueblo mira el futuro”, escribió.
Cedeño afirmó que miles de dominicanos expresan preocupación por el alto costo de la vida, la inseguridad ciudadana, el aumento del transporte, la incertidumbre económica, la posibilidad de nuevas cargas tributarias y el debate en torno al nuevo Código Penal. “Son inquietudes reales que merecen ser escuchadas”, señaló, colocando sobre la mesa el costo social de decisiones públicas que, según su planteamiento, no pueden seguir tratándose desde la distancia del poder.
En ese contexto, sostuvo que escuchar las demandas de la población es una responsabilidad de quienes gobiernan y advirtió, en los hechos, sobre el desgaste que provoca la desconexión entre la comunicación oficial y las preocupaciones ciudadanas. “La democracia también se expresa cuando la ciudadanía hace sentir su voz. Escuchar ese mensaje no es una opción; es una responsabilidad de quienes gobiernan. El diálogo siempre será más útil que la indiferencia y la empatía siempre será mejor que la distancia”.
La exvicepresidenta también planteó que antes de adoptar medidas que impacten el bolsillo de la población, el Estado debe demostrar un manejo responsable de los recursos públicos, una exigencia de fiscalización que vuelve a colocar bajo escrutinio la forma en que el Gobierno administra sus decisiones en medio de presiones económicas y malestar social.