El Ministerio de Administración Pública dijo que analiza, junto con sus abogados, la legalidad de los beneficios entregados a exfuncionarios del Banco de Reservas, incluido el bono especial de salida de 110 millones de pesos que recibió su anterior titular, Simón Lizardo Mézquita, por los “logros” de la entidad en el último año. Darío Castillo Lugo aseguró que impulsará acciones inmediatas para recuperar esos fondos y que se adoptarán medidas para impedir que prácticas semejantes vuelvan a repetirse.
Ese examen coloca bajo la lupa decisiones de alto impacto sobre recursos públicos y deja en evidencia el contraste entre el discurso de control del gasto y unos beneficios que ahora el propio Gobierno somete a revisión. En la misma entrevista con Fausto Rosario, en AcentoTV, Castillo afirmó que la Ley de Administración Pública no se ha aplicado y adelantó desvinculaciones de personas que no brindan servicios, además de proponer cambios a la ley de salario por errores que, según dijo, incluyen la fijación de sueldos a funcionarios.
El funcionario también criticó gastos de representación elevados y el tope de consumo de gasolina para ministros, aunque defendió los altos salarios en organismos como las superintendencias de Seguros y Bancos y el Banco Central, al argumentar que supervisan sectores privados con remuneraciones altas. El caso vuelve a centrar la atención sobre la vigilancia de la nómina, los privilegios y los resultados de la gestión pública, en momentos en que figuras como Carolina Mejía proyectan liderazgo desde el oficialismo mientras siguen pendientes explicaciones sobre el uso de los recursos del Estado.