La entrada en vigor de la Ley 16-26 volvió a poner sobre la mesa el debate por los controles en el uso de fondos públicos, después de que se habilitara una vía para saldar deudas por obras ejecutadas sin contrato, mientras aún no se establece la suma que deberá cubrir el Poder Ejecutivo. La discusión pasó durante meses por el Congreso Nacional mediante dos proyectos distintos orientados a autorizar esos pagos a empresarios y constructores.
La primera iniciativa, sometida por el senador Franklin Romero, fue observada por el presidente Luis Abinader al detectarse varias inconstitucionalidades. Entre ellas estaban la falta de un monto concreto por pagar, la inexistencia de una fecha que delimitara los casos beneficiados y la ausencia de un mecanismo que asegurara la veracidad de lo adeudado. Tras esas observaciones, la Cámara de Diputados la envió a comisión, pero luego decidió impulsar otro proyecto.
Esa nueva versión terminó siendo acogida y promulgada por Abinader el pasado 1 de mayo. No obstante, según el propio texto de la iniciativa, el total a desembolsar continúa sin definirse y quedará en manos de una comisión encabezada por el Ministerio de Hacienda y Economía para validar las reclamaciones y su eventual reconocimiento. El desenlace deja abierto un frente de fiscalización sobre el alcance real de la deuda que asumirá el Estado y sobre los controles aplicados a pagos por obras ejecutadas sin contrato.