La Policía Municipal ejerce autoridad en espacios públicos, pero lo hace sin límites claramente establecidos. Si bien la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios dispone que su propósito es preservar los bienes municipales y hacer cumplir disposiciones municipales, la falta de un marco legal que determine con precisión el alcance de sus funciones ha abierto la puerta a casos de abusos de poder o de la fuerza en operativos.
No se trata solo de un vacío normativo, sino también de supervisión. En recorridos por parques, áreas de recreación, el Malecón, la Ciudad Colonial y el parque Iberoamérica, agentes municipales fueron vistos más pendientes de sus celulares que del entorno, mientras en redes sociales se denuncian acciones de agentes que obstaculizan el paso a corredores o familias en las aceras del Malecón. Al mismo tiempo, en más de diez minutos de recorrido por esa zona no se observó presencia de estos agentes en puntos como el Malecón Deportivo, Güibia y otros tramos del paseo.
A ello se añade otro frente de preocupación institucional: las facultades de los policías municipales son las mismas que las de los inspectores municipales, y no existen registros estadísticos de infracciones levantadas por estos agentes ni denuncias en su contra. Esa combinación de autoridad, falta de delimitación y ausencia de datos deja abiertas preguntas sobre controles efectivos, resultados reales y responsabilidad ante la ciudadanía.
