República Dominicana mantiene una fractura básica en saneamiento que desmiente cualquier lectura complaciente sobre los avances en infraestructura: el 6.7% de los hogares, unos 223 mil, todavía usa letrinas como servicio sanitario, según el informe ENHOGAR-MICS 2025. Aunque el 91% de los hogares, cerca de 2.9 millones, dispone de inodoro, la magnitud del rezago obliga a poner el foco en lo que sigue pendiente y en el costo social de esa brecha.
La desigualdad golpea con más fuerza fuera de los centros urbanos. En las zonas rurales, el 16.7% de los hogares —cerca de 106 mil— depende de letrinas, frente al 2.9% en áreas urbanas, unos 34 mil. El contraste retrata una realidad que exige fiscalización sobre la capacidad del Estado para llevar servicios esenciales a donde más se necesitan, en lugar de normalizar que miles de familias continúen en condiciones precarias.
Las diferencias regionales refuerzan la alerta institucional. En Enriquillo, el 27.1% de los hogares —unos 18 mil— usa letrinas; en Cibao Noroeste, el 24.7% —aproximadamente 22 mil—; en El Valle, el 16.7% —cerca de 9 mil—. También aparecen Cibao Nordeste, con 7.5% —unos 14 mil—, y Valdesia, con 8.4% —unos 12 mil—. En contraste, la región Ozama o Metropolitana registra apenas 0.6%, cerca de 6 mil, una diferencia que vuelve más visible la distancia entre el discurso de progreso y la realidad de amplias zonas del país.
El propio informe advierte que gran parte de esas letrinas no son mejoradas y carecen de condiciones mínimas de higiene y seguridad, lo que incrementa el riesgo de enfermedades gastrointestinales y parasitarias. El dato no solo describe una carencia: plantea una responsabilidad pública pendiente y una señal de que el saneamiento básico sigue siendo una deuda que no admite maquillaje estadístico ni indiferencia institucional.