Las juezas de la Corte Penal Internacional (CPI) acudieron a una corte de Nueva York para demandar al expresidente de Estados Unidos Donald Trump y pedir que se retiren las sanciones impuestas por Washington, a las que describen como inéditas y como una forma de presión extrajudicial.
El caso coloca nuevamente bajo escrutinio el alcance de las medidas adoptadas por el Gobierno estadounidense y su impacto sobre el funcionamiento de la justicia internacional. Las magistradas sostienen que las sanciones deben ser retiradas, mientras el proceso judicial abre una nueva disputa en torno al uso de estas herramientas contra integrantes de la CPI.
Hasta el momento, la información disponible no precisa nuevos detalles sobre el alcance práctico de las medidas ni sobre el costo institucional que han tenido, pero la acción judicial plantea una exigencia de transparencia y de revisión sobre los efectos reales de estas sanciones en el trabajo de la corte.
La presentación del recurso en Nueva York añade un frente legal a una controversia que trasciende a las juezas demandantes y toca la relación entre Washington y los organismos internacionales. El desenlace del caso dependerá de lo que determine la justicia estadounidense.