El Colegio Médico Dominicano (CMD) impugnó ante el Tribunal Constitucional varios artículos de la Ley 74-25, que aprueba el nuevo Código Penal, al considerar que esas disposiciones trasladan sanciones sin respetar la responsabilidad individual ni el debido proceso.
La acción del gremio abre un nuevo frente de fiscalización sobre una pieza legislativa ya aprobada por el Congreso y que ahora deberá pasar por el escrutinio constitucional. El debate se concentra en si los artículos cuestionados se ajustan o no a las garantías básicas que protegen a los ciudadanos frente al ejercicio del poder punitivo del Estado.
En el centro de la controversia está la advertencia del CMD de que el Estado no puede imponer consecuencias penales sin observar principios elementales de atribución de responsabilidad y de defensa. La impugnación coloca la discusión en el terreno jurídico e institucional, con impacto directo sobre la vigencia de normas que pretenden entrar a regir el marco penal del país.
Aunque la iniciativa proviene de un gremio profesional y no del Gobierno, el caso obliga a evaluar la calidad de la legislación aprobada por el Congreso, el alcance de sus artículos más discutidos y la solidez de su fundamentación jurídica. El Tribunal Constitucional será el escenario donde se determine si esas disposiciones se mantienen o si deben ser corregidas por vulnerar derechos y garantías reconocidos en el orden constitucional.