Una investigación de 17 meses, coordinada por la fiscalía de Nueva York y la policía de la ciudad, concluyó con el arresto y la acusación formal de Jason Alvarez, de 47 años y residente en Queens, y Christopher Sanchez, de 43 años, con domicilio en Brooklyn, a quienes señalan por formar parte de una red que distribuía cargamentos de cocaína en Queens. El aspecto más delicado del expediente es que las operaciones de compra y venta se realizaban a escasos metros de una escuela primaria pública.
La acusación formal presentada por las autoridades reúne 65 cargos criminales. En los allanamientos se incautaron 93,831 dólares en efectivo, presuntamente ligados a ganancias del narcotráfico, además de casi tres kilogramos de cocaína listos para su comercialización minorista. En el caso intervinieron el Grupo de Trabajo contra el Crimen Organizado (OCTF), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la DEA.
De acuerdo con las autoridades, durante los 17 meses de pesquisa se reunieron cientos de horas de vigilancia física y encubierta, junto con evidencia electrónica forense, entre ella geolocalización por GPS y chats interceptados en plataformas digitales. Aunque el operativo fue presentado como un golpe al crimen organizado local, el caso también expone la dimensión del riesgo que logró mantenerse durante meses en el entorno de una escuela, un punto que vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de vigilancia y control permanentes.