La deserción escolar en secundaria vuelve a colocar bajo escrutinio la capacidad del sistema para retener a los estudiantes más vulnerables. Lejos de responder solo a dificultades académicas, el abandono de las aulas aparece atado a presiones económicas, responsabilidades familiares y una desconexión entre la escuela y las expectativas reales de empleo, movilidad social y futuro.
Ese cuadro fue recogido en el estudio «Discontinuidad Educativa en la Educación Secundaria de la República Dominicana», elaborado por el Grupo Línea Base para la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad (IDEC), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y el Ministerio de Educación (Minerd). El informe identifica factores externos que compiten con la permanencia escolar y deja abierta una alerta institucional: cuando estudiar deja de ser prioridad, el problema ya no es individual, sino de respuesta pública insuficiente.
La investigación documenta que los estudiantes de los sectores más pobres enfrentan una probabilidad significativamente mayor de abandonar la escuela para trabajar o aportar ingresos al hogar. Al revisar estudios regionales, los autores señalan que quienes pertenecen al quintil más pobre tienen casi el doble de probabilidades de desertar que los de mayores ingresos. En el caso dominicano, el informe indica que más de 70 mil adolescentes realizan actividades laborales y que más del 60 % de ellos no asiste a la escuela.
El propio documento advierte que «las largas jornadas y los horarios laborales intensivos reducen el tiempo disponible para el estudio y aumentan el riesgo de deserción escolar». A eso se suma la carga doméstica y de cuidado, especialmente entre las adolescentes, un factor que amplía el costo social del abandono y refuerza la distancia entre las promesas de movilidad y la experiencia concreta de miles de familias.
El hallazgo reabre la exigencia de rendición de cuentas sobre los resultados reales del sistema educativo: si para una parte de la juventud la escuela compite en desventaja frente a la urgencia económica y las obligaciones del hogar, el problema no puede maquillarse como una decisión aislada del estudiante, sino como una señal de desgaste y de prioridades públicas que siguen sin responder a la realidad.