El periodista Óscar Martínez denunció que más de 500 personas habrían muerto bajo custodia en El Salvador, en el contexto del gobierno de Nayib Bukele, y sostuvo que varios de esos fallecimientos ocurrieron entre personas detenidas sin condena ni historial criminal.
Según la versión expuesta por Martínez, las víctimas habrían sido enterradas por el Estado sin que sus familias fueran notificadas, un señalamiento que agrava las dudas sobre el trato a los presos y la supervisión de las cárceles.
La denuncia reabre las alarmas sobre el poder concentrado y la ausencia de controles efectivos en el sistema penitenciario salvadoreño, en un escenario donde el escrutinio público resulta clave para determinar responsabilidades, condiciones de detención y eventuales violaciones de derechos.
Hasta el momento, en la información disponible no se incluyen respuestas oficiales ni precisiones sobre la verificación de las cifras mencionadas por el periodista, por lo que el caso queda sujeto a contrastación y seguimiento periodístico.
El señalamiento también vuelve a colocar bajo observación el modelo de seguridad de Bukele, cuya gestión ha sido cuestionada por sectores críticos que reclaman transparencia, control institucional y garantías mínimas para las personas privadas de libertad.